jueves, 24 de enero de 2019

Actualización Ley 39/2015

ACTUALIZACIÓN ENTRADAS DEL BLOG SOBRE LEY 39/2015

Se han actualizados todas las páginas y entradas del blog adaptándolas a los pequeños cambios que ha tenido la ley de procedimiento. En PDF ya tenéis disponible la versión 1.3 actualizada a enero de 2019.


Plazo máximo para resolver y notificar procedimientos iniciados de oficio. Caducidad y prescripción.

PLAZOS MÁXIMOS PARA RESOLVER Y NOTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO, Y PLAZOS PARA COMPUTAR LA PRESCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

Esta problemática la tendríamos a efectos prácticos ante casos de CADUCIDAD o PRESCRIPCIÓN.

En el artículo 21.3 de la actual ley 39/2015, que establece que los plazos para resolver y notificar se contarán

  1. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
No debemos olvidar que la regla general de la doctrina mayoritaria del Derecho es el cómputo de los plazos cuando se señalen por meses o años, de FECHA a FECHA, con independencia del día en que iniciemos el cómputo (que podría ser el mismo día o a partir del día siguiente, según el caso) Y esto es así, porque se unificó la doctrina jurisprudencial sobre los plazos cuando se señalan por meses o años.
Así es interpretado por la jurisprudencia en procedimientos sancionadores, en cuanto a su plazo máximo para su resolución y notificación:
  • Partimos, pues, de los datos procesales pacíficos de que el plazo de caducidad de 18 meses comenzó a correr el 16 de junio de 2008, con la incoación del procedimiento sancionador, de manera que el término del plazo inicial, era el día 16 de diciembre de 2009. (STS de 15 de junio de 2015)
  • Considerando como fecha de inicio del expediente el 4 de noviembre de 1996, el plazo finalizaba el 4 de noviembre de 1997, por lo que a la fecha de adopción del Acuerdo sancionador por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 25 de noviembre de 1997, el procedimiento había caducado”. (STS de 3 de febrero de 2010)
  • el computo se inicia inexcusablemente en la fecha de la Resolución fechada el 28 de Mayo de 2.001 (…) En el presente caso, y según dicho cómputo, siendo indiscutidamente de seis meses el plazo máximo, el vencimiento se produjo el día 28 de Noviembre de 2.001”. (STSJ País Vasco, de 14 de febrero de 2005)
El problema es que el artículo 30 de LPAC donde se establece el cómputo de plazos, dice que cuando se fijan en meses o años, concluye el plazo el mismo día en que se produjo la “notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento”. Sin embargo, no está teniendo en cuenta este artículo el cómputo de plazos para los casos de caducidad por ejemplo, que se iniciarían, no con publicaciones o notificaciones, sino desde el acuerdo de inicio. Tampoco quedaría claro cómo computar el plazo de un año para la prescripción de la solicitud de responsabilidad patrimonial, por ejemplo. Para ello, igual que se hacía con la anterior Ley 30/1992, debemos acudir a la jurisprudencia y ver cómo se computan estos plazos mayoritariamente, con la regla general ya indicada del cómputo de FECHA A FECHA.

En conclusión, los plazos que se señalen por MESES o AÑOS se computan de FECHA a FECHA desde la notificación o publicación o actuación que inicie el procedimiento, con independencia del día inicial del cómputo, y con independencia de si es un plazo que requiera actuaciones del interesado o de la administración.


EJEMPLOS. Pongamos un ejemplo práctico, con el tratamiento de la PRESCRIPCIÓN en procedimientos sancionadores, sobre una infracción grave, que prescribiría tanto la infracción como la sanción a los 2 años:
A) PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN. El artículo 30.2 de la Ley 40/2015, establece que el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
Ejemplo de una Infracción cometida el día 07/11/2016. Cómputo del plazo de prescripción:
  • Dies a quo o plazo inicial: 07/11/2016
  • Dies ad quem o plazo de finalización: 07/11/2018
También tendremos casos en los que por norma específica la infracción o sanción tiene un cómputo distinto del plazo inicial, pero debiendo llegarse al mismo resultado de dies ad quem o plazo de finalización. Por ejemplo, el art. 90.2 de la Ley de Caza de Extremadura establece que “El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse a partir del día siguiente en que se haya cometido la infracción.”
Por tanto, si fuera una infracción grave en materia de caza en Extremadura deberíamos distinguir para establecer el plazo inicial si usamos la ley de bases del régimen jurídico (computando desde el mismo día, día 07/11/2016), o la ley de caza (a partir del día siguiente, día 08/11/2016), pero con independencia de ello, el plazo de prescripción finalizaría en todo caso, el día 07/11/2018.


B)PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN. El artículo 30.3 de la Ley 40/2015, establece que el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Ejemplo de una sanción que sería ejecutable, o que ha transcurrido el plazo para ser recurrida el día 07/11/2016. Cómputo del plazo de prescripción:
  • Dies a quo o plazo inicial: 08/11/2016 (que es el día siguiente)
  • Dies ad quem o plazo de finalización: 07/11/2018

sábado, 8 de septiembre de 2018

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE

En Boletín Oficial del Estado del martes 4 de septiembre de 2018 se ha publicado Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Próximamente se actualizará el Blog para actualizar las versiones PDF de la Ley 39/2015 incorporando los cambios de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo y de este Real Decreto-Ley. No obstante, este Real-Decreto Ley necesitará de su ratificación en el Congreso de los Diputados.

Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.»


La justificación de esta modificación es la siguiente: 

Se procede a la modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según ésta, el 2 de octubre de 2018, entrarán en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un cambio fundamental para las Administraciones Públicas en España, ya que establecen que la relación electrónica es la vía principal de tramitación de los procedimientos administrativos, lo que debe conducir a una administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas. La exigencia de una adaptación paulatina a este nuevo paradigma administrativo fue prevista por el legislador al determinar en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, un calendario específico de entrada en vigor de las novedades antes relacionadas y que son especialmente trascendentes.

Sin embargo, la vacatio legis plasmada en dicha disposición final séptima se ha revelado insuficiente en la práctica para contar de forma simultánea con las condiciones que son presupuesto necesario para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos perseguidos por ambas leyes.

La adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de gestión óptimos, exige que los desarrollos tecnológicos y jurídicos cuenten con el grado de madurez necesaria para dar satisfacción a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas.

Así, el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o algunas cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo. En particular, se requiere acordar entre las Administraciones públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias.

En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por todas las razones anteriores, se juzga urgente y necesario ampliar en dos años el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 en lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo electrónico, para garantizar que los operadores jurídicos, los ciudadanos y las Administraciones Públicas puedan ejercer plenamente sus derechos con plena seguridad jurídica y beneficiarse de las ventajas que el nuevo escenario está comenzando a proporcionarles.

Esta ampliación del plazo permitirá de forma coordinada completar todos los aspectos jurídicos, organizativos, procedimentales y técnicos que compatibilicen la garantía plena del ejercicio de los derechos y la validez jurídica de los procedimientos, junto con el respeto del marco de distribución de competencias que consagra la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, antes citada.

jueves, 28 de junio de 2018

INCONSTITUCIONALIDAD DE ARTÍCULOS DE LA LEY 39/2015

INCONSTITUCIONALILDAD DE PARTE DE LA LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO.
Para los que estudiáis oposiciones, de la ley 39/2015 hay que estudiar un poquito menos al haberse dictado sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que será publicada en el BOE en los próximos días. 
Han sido anulados y NO TENÉIS QUE ESTUDIAR:
  • art. 6.4 su segundo párrafo (el que viene después de los apartados)
  • apartado 2 de la disposición final primera
  • art. 129.4, párrafo 3º:  hay que tachar las palabras "o Consejo de Gobierno respectivo" y "o de las consejerías de Gobierno"
Aparte de eso, habría que hacer algunas matizaciones para los prácticos sobre elaboración de normas que afectarían a los artículos 129, 130, 132 y 133, que no han sido anulados, pero sí declarados contrarios a las competencias de la Constitución, y habría que interpretarlos según sentencia del TC. Para los TESTS esto último no afecta nada.

viernes, 20 de abril de 2018

TEMARIO ADMINISTRATIVO ESTADO BLOQUE ORGANIZACIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS

II. Organización de oficinas públicas.
1. Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.
2. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.
3. Administración electrónica y servicios al ciudadano. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.
4. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones.

domingo, 8 de abril de 2018

TEMARIO ADMINISTRATIVO BLOQUE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I. Organización del Estado y de la Administración pública. (ESTE BLOQUE NO ENTRA PARA LA SEGUNDA PARTE-PRÁCTICA)
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.
2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.
3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.
4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.
5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
6. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones.
7. La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos administrativos.
8. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía.
9. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
10. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español.

domingo, 25 de marzo de 2018

TEMARIO ADMINISTRATIVO BLOQUE GESTIÓN DE PERSONAL

IV. Gestión de personal.
1. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente. Las competencias en materia de personal. El Registro Central de Personal.
2. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
3. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos. La selección de los funcionarios.
4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.
5. Provisión de puestos de trabajo en la función pública. Los deberes y derechos de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna.
6. Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento.
7. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE y las clases pasivas.
8. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato de trabajo: contenido, duración y suspensión. Negociación laboral, conflictos y convenios colectivos. El III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
9. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral. Acción protectora. Concepto y clases de prestaciones, afiliación y cotizaciones.
10. Incapacidad temporal. Concepto y causas que motivan esta situación. Incapacidad permanente en la modalidad contributiva. Jubilación: concepto y requisitos. Muerte y supervivencia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios.